Embarazo en adolescentes
Se estima que el año pasado se embarazaron un millón de adolescentes mexicanas menores de 15 años.
Mónica Lara Chávez / Diputada en la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla
Según el informe Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe, elaborado en 2018 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), América Latina es la región que ocupa el segundo lugar en cuanto a mayor número de embarazos en adolescentes, solo superada por el África subsahariana.
México no se escapa de este contexto, pues uno de cada cinco nacimientos es de madre adolescente, de los cuales más de una tercera parte no fueron planificados, según el oficial nacional de comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés). Asimismo, en 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en México hubo un millón de niñas menores de 15 años embarazadas, lo cual hizo que nuestro país quedara en el primer lugar de este rubro dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el estado de Puebla la situación es igualmente alarmante, pues la delegación federal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 959 casos de embarazo de menores de 15 años en 2017.
Los esfuerzos del Estado Mexicano a través de sus instituciones de salud, campañas, programas y políticas públicas, así como el papel de las organizaciones de la sociedad civil para atender al fenómeno antes descrito, han sido notables; sin embargo, no suficiente.
¿Qué hacer?
En los países en vías de desarrollo —donde este fenómeno tiene mayor incidencia– se ha logrado contener la tendencia y disminuir su tasa, mediante acciones de orientación a grupos vulnerables ante esta situación, otorgamiento de cobertura sanitaria y acceso gratuito a métodos anticonceptivos, todo ello con la suma de esfuerzos entre organismos intergubernamentales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
Es importante destacar que en aquellos países se fomentan la educación sexual y la planificación familiar desde la etapa inicial educativa, que en México equivale a la educación primaria.
¡Es urgente actuar!
De entrada, es importante identificar las causas del fenómeno, entre las cuales se encuentran los estereotipos de género —que promueven una cultura de la mujer como única o mayormente responsable de las tareas de crianza–, la violencia de género y la explotación infantil que se dan en forma sistemática, además de la desigualdad económica, que se traduce en desigualdad de oportunidades.
La inmadurez física, psicológica y económica vulnera en todo sentido a las madres adolescentes, ya que en la etapa de desarrollo en la que se encuentran aumenta el riesgo de padecer complicaciones en el embarazo que suelen afectar al producto: malformaciones, desnutrición, nacimiento prematuro, afectación cognitiva, etc., que acabarán por perjudicar al menos culpable: el hijo o la hija.
Mónica Lara Chávez
La autora de este artículo es diputada por el Partido Encuentro Social en la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, en la que es presidenta de las comisiones de Migración y Asuntos Internacionales y de Transparencia y Acceso a la Información; secretaria de la comisión inspectora de la Auditoría Superior del Estado, y vocal de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia, Igualdad de Género, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Turismo y Grupos Vulnerables.
Es licenciada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y se ha desempeñado como directora del Instituto Poblano de las Mujeres y del programa de Adultos Mayores y Violencia Familiar en el Sistema Municipal DIF, y como coordinadora de la Casa del Abue y de Proyectos Productivos para las Mujeres en el Instituto Municipal de las Mujeres.
De manera independiente se ha dedicado a diversos proyectos de emprendimiento y a promover la equidad e igualdad de género, el empoderamiento político de las mujeres y la prevención de la violencia de género, además de participar en diversas actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres.
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