En México, la pensión alimentaria no es un favor ni una concesión: es un derecho de la niñez y una obligación legal irrenunciable. Sin embargo, en los últimos años han surgido casos que ponen a prueba la solidez del sistema judicial y abren debates incómodos sobre el uso —y posible abuso— de figuras legales diseñadas para proteger derechos humanos.

Uno de esos debates estalló a inicios de 2026, a partir de un conflicto judicial en Durango que se volvió viral y generó posturas encontradas. El caso no solo habla de una disputa familiar; expone tensiones profundas entre justicia social, perspectiva de género, derecho a la identidad y lagunas legales que pueden ser explotadas.

Un conflicto judicial en Durango desató un amplio debate nacional a inicios de enero de 2026, luego de que se reportara que el abogado Cristian Janet Montenegro Chairez realizó un cambio legal de identidad de género a femeninodurante un proceso judicial relacionado con la pensión alimentaria de su hija menor de cuatro años.

De acuerdo con la denuncia pública de su ex pareja, la psicóloga Gloria Valentina Méndez Arámbula, el cambio de identidad habría sido utilizado como una estrategia legal para generar confusión en el juicio, solicitar que el caso fuera analizado con “perspectiva de género” a su favor y dilatar o evadir el cumplimiento de la obligación alimentaria. La madre también lo acusa de violencia familiar y de recurrir, durante años, a maniobras procesales dilatorias.

La pensión alimentaria: un derecho que no admite excepciones

La legislación mexicana es clara: la pensión alimentaria busca garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. No depende de la voluntad del progenitor, ni de su situación emocional, ni de su identidad, ni de conflictos personales entre adultos.

Aun así, en la práctica, miles de mujeres —principales cuidadoras— enfrentan procesos largos, costosos y emocionalmente desgastantes para lograr que se cumpla una obligación básica. Según datos judiciales, una gran parte de los juicios familiares se prolongan durante años por recursos legales dilatorios, cambios de domicilio, amparos o vacíos procesales.

Cuando la justicia llega tarde, el daño ya está hecho.

Identidad de género: un derecho legítimo

El reconocimiento legal de la identidad de género es un avance innegable en materia de derechos humanos. Permite que las personas trans vivan con dignidad, sin discriminación y con documentos acordes a su identidad.

Este derecho no está en discusión. Cambiar la identidad legal no debería ser cuestionado ni condicionado por estigmas sociales. El problema surge cuando, en contextos judiciales sensibles, ese derecho se invoca estratégicamente para alterar el curso de procesos que involucran a terceros vulnerables, como niñas y niños.

Aquí aparece una línea delgada, pero fundamental: el ejercicio de un derecho no puede vulnerar otro derecho superior.

Perspectiva de género: herramienta, no escudo

La perspectiva de género nació para corregir desigualdades estructurales, no para convertirse en un escudo procesal automático. Aplicarla implica analizar contextos de poder, violencia, desigualdad económica y social.

Cuando se utiliza sin rigor —o se invierte—, corre el riesgo de perder legitimidad. Expertos advierten que la perspectiva de género no debe desdibujar responsabilidades, ni sustituir el análisis de hechos, ni ignorar el impacto real en la infancia.

No todo conflicto judicial es una opresión sistémica. Y no toda invocación de género es necesariamente justa.

Huecos legales y abuso del sistema

El debate de fondo no es la identidad de género, sino el uso instrumental de la ley. El sistema judicial mexicano, saturado y lento, permite que quienes tienen conocimiento técnico —y recursos— encuentren grietas para retrasar resoluciones.

Cambios de identidad, modificaciones de nombre, recursos encadenados y reinterpretaciones forzadas de la ley pueden convertirse en estrategias para evadir responsabilidades, especialmente en materia familiar, donde el daño no siempre es inmediato, pero sí acumulativo.

La pregunta incómoda es inevitable:
¿qué pasa cuando la ley protege derechos individuales, pero no logra impedir su uso para eludir la justicia?

Justicia con equilibrio

Defender el derecho a la identidad y garantizar la pensión alimentaria no son causas opuestas. Ambas pueden y deben coexistir. El reto para el sistema judicial es cerrar vacíos, acelerar procesos y priorizar siempre el interés superior de la niñez, sin excepciones ni interpretaciones convenientes.

La justicia no puede depender de quién conoce mejor la ley, sino de a quién protege mejor.

Un debate necesario

Casos como este incomodan porque obligan a cuestionar narrativas absolutas. Ni los derechos humanos son intocables al punto de justificar abusos, ni la ley puede seguir permitiendo que la infancia quede atrapada entre tecnicismos.

Más allá del escándalo mediático, el verdadero tema es estructural: una justicia que llegue a tiempo, que no se preste al juego de los vacíos legales y que entienda que los derechos no compiten, se ordenan.

Porque cuando la ley se convierte en un laberinto, quienes siempre pierden son los mismos: los más pequeños.