El desentendimiento económico por parte del progenitor ausente agrava la situación, vulnerando derechos básicos como el acceso a salud, educación y vivienda.

Redacción Los Conjurados

En medio de la creciente conversación sobre bienestar infantil y derechos familiares, la desvinculación parental ha emergido como una problemática que, aunque silenciosa, impacta emocional y psicológicamente a miles de niñas y niños en México. Este fenómeno se refiere a la pérdida —voluntaria o forzada— del contacto entre uno de los progenitores y sus hijos, ya sea tras una separación, por abandono o por conflictos legales y emocionales.

¿Qué es la desvinculación parental?

La desvinculación parental no equivale únicamente al abandono físico. Se trata de la ruptura del vínculo emocional, afectivo y funcional entre padres e hijos. Puede producirse cuando uno de los adultos decide alejarse o es excluido del entorno familiar, ya sea por decisión propia, influencia del otro progenitor o por dinámicas judiciales complejas.

Especialistas advierten que esta forma de desconexión no siempre es visible ni reconocida por las instituciones, lo que dificulta su atención temprana. “Muchas veces no hay violencia explícita, pero sí una ausencia que genera inseguridad emocional en los niños”, señala la psicóloga infantil Laura Mendieta, quien ha documentado casos en Puebla y Tlaxcala.

¿Qué consecuencias tiene?

Las afectaciones pueden ir desde ansiedad y baja autoestima, hasta problemas de socialización, dificultades escolares y depresión. En contextos judiciales, la desvinculación puede derivar del llamado “síndrome de alienación parental”, aunque este término ha sido cuestionado por diversas organizaciones que defienden el interés superior del menor.

Además, el desentendimiento económico por parte del progenitor ausente agrava la situación, vulnerando derechos básicos como el acceso a salud, educación y vivienda.

¿Qué dicen las leyes mexicanas?

En México, el Código Civil Federal establece la corresponsabilidad parental, incluso en casos de divorcio o separación. No obstante, los vacíos legales y la saturación en juzgados familiares dificultan la ejecución efectiva de convivencias supervisadas o acuerdos de mediación. El DIF nacional y estatal, junto con asociaciones civiles, han comenzado a abrir espacios de orientación y acompañamiento, pero el alcance sigue siendo limitado frente a la dimensión del problema.

¿Qué puede hacerse?

Diversas voces desde la sociedad civil proponen que se incorpore el concepto de “parentalidad activa y respetuosa” en las políticas públicas, con acciones como:

• Educación emocional para madres, padres y cuidadores.
• Supervisión legal de convenios de convivencia.
• Asesoría psicológica gratuita para niñas y niños en procesos judiciales.
• Campañas de sensibilización sobre el derecho de niñas y niños a mantener vínculos sanos con ambos progenitores.

Como señala la activista y abogada Sofía Chávez, “no se trata de obligar a nadie a convivir, sino de reconocer que el derecho de las infancias a recibir amor, cuidado y presencia no debe ser rehén de conflictos adultos.”